Ante los hechos criminales efectuados por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que derivó en el secuestro del ex Presidente de la República, Oscar Denis y su peón Adelio Mendoza, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) junto con otros importantes Gremios y Asociaciones como la FEPRINCO, UIP, ARP, UGP, CIP, CAPECO, entre otros, se pronunciaron con un comunicado en el cual condenan y rechazan actos de terrorismo por parte de organizaciones criminales.

El comunicado contó con la participación de más de 80 Gremios y Asociaciones en el cual también indica que estos actos predican el odio y traen el luto a las familias paraguayas, sin distinción de posición económica o social. Así también mencionan que la vigencia del Estado de Derecho es un principio innegociable y el uso de la fuerza es monopolio del estado, por lo que se insta a las instituciones de seguridad a realizar todo el esfuerzo posible, utilizando los recursos disponibles para someter a la justicia a los criminales.   

Entre otros puntos, se realiza un llamado a los actores de la sociedad paraguaya, sobre todo a las instituciones del estado a encarar un proceso de cambio y reestructuración real, para construir el estado moderno y eficiente que se necesita para desterrar definitivamente las prácticas viciosas de la corrupción e impunidad.

Clic para verificar el comunicado emitido

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) celebra y reconoce el al Equipo Económico Nacional y al Ejecutivo por el veto conferido al Proyecto de Ley que modifica el Art. 2 de la Ley Nro. 4.558/11 “QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCION Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS”.

Exhorta además al Congreso Nacional a aceptar el mencionado veto para de esta manera respetar el derecho a la igualdad de concurrencia para no generar distorsiones a la competencia con el aumento de la competitividad desleal contra un sector que siempre contribuyó con la economía nacional, tanto en recaudación impositiva (gran parte de la recaudación nacional proviene de la Aduana por la importaciones), como también en la generación de empleo digno.

El Congreso Nacional también debe tener en cuenta el perjuicio económico que puede generar la vigencia del mencionado Proyecto en el contexto actual, sobre todo a las empresas formales que visiblemente ya están siendo afectadas por la crisis sanitaria y sus terribles efectos en la economía nacional. Así mismo afirmamos que el sector importador es un gran generador de fuentes de trabajo, que compite con la Industria nacional en forma transparente.

Consideramos desde la CNCSP que los incentivos establecidos en la Ley Nº 60/90 Régimen de Incentivos Fiscales a la Inversión; el Régimen de Importación de Materias Primas con Arancel Preferencial “Cero”; y la actual Ley Nº 4558/11 de Preferencia del 20% en favor de la Producción Nacional; entre otros beneficios, deberían ser más que suficientes para impulsar el desarrollo de la Industria Nacional.

La CNCSP siendo gremio de representación del sector comercio y servicios, como en reiteradas ocasiones, se pone a disposición del Gobierno Nacional para cooperar y aportar con el desarrollo económico y social desde el punto de vista y la experiencia del sector privado.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) manifiesta su preocupación ante al Proyecto de Ley que aumenta la preferencia de la producción nacional en compras públicas de un 20% al 40%, teniendo en cuenta que este escenario elimina el derecho a la igualdad de concurrencia y en consecuencia, generará distorsiones a la competencia, aumentando la competencia desleal contra un sector que siempre contribuyó con la economía nacional, tanto en recaudación impositiva(gran parte de la recaudación nacional proviene de la Aduana por la importaciones), como también en la generación de empleo digno.

Consideramos desde la CNCSP que los incentivos establecidos en la Ley Nº 60/90 Régimen de Incentivos Fiscales a la Inversión; el Régimen de Importación de Materias Primas con Arancel Preferencial “Cero”; y la actual Ley Nº 4558/11 de Preferencia del 20% en favor de la Producción Nacional; entre otros beneficios, deberían ser más que suficientes para impulsar el desarrollo de la Industria Nacional.

Las Autoridades Nacionales deben tener en cuenta el perjuicio económico que puede generar la vigencia de esta Ley en el contexto descripto, sobre todo a las empresas formales que visiblemente ya están siendo afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19 y sus terribles efectos en la economía nacional. Como así también afirmamos que el sector importador es un gran generador de fuentes de trabajo, que compite con la Industria nacional en forma transparente.

Desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) exhortamos a que se tenga en consideración los expresado en los Artículos 107 y 108 de la Constitución Nacional, que establecen la libre competencia en igualdad de condiciones.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) denuncia que la Ley N° 6558 “QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 5033/2013 'QUE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, DE LA DECLARACIÓN  JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS', Y SU MODIFICATORIA LEY Nº 6355/2019”, recientemente sancionada por el Congreso Nacional y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, mantiene su condición de inconstitucional al someter al Sector Privado a una exigencia que es de exclusiva aplicación al Sector Público.

Recordemos que La Ley Nro. 6355/19 modifica parcialmente la Ley Nro. 5033/13 “Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional – Declaración Jurada de bienes, rentas, activos y pasivos de funcionarios públicos”, y amplía la Ley Nro. 2051/03. En virtud de dicha ley, inconstitucionalmente, se obliga a los accionistas, directores, socios gerentes o similares de empresas y entidades que sean contratistas o concesionarios del Estado, así como toda persona, natural o jurídica que contrate con el Estado, a presentar declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos (tanto en el país como en el extranjero), bajo los mismos términos y condiciones que los previstos para los funcionarios y empleados públicos.

La constancia de presentación de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos será requisito para la presentación de ofertas en los procesos de concesiones (Ley N°1618/00), contratación de obras públicas, locaciones o servicios (Ley Nro. 2051/03 y sus modificaciones), llave en mano (Ley Nro. 5074/2013) y en los contratos de participación público-privada (Ley Nro. 5102/13), y bajo cualquier otra modalidad de contratación.      

Debe tenerse presente que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1160/97, Código Penal, el que presentara una declaración jurada falsa ante un órgano facultado para recibirla, puede ser sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años.

Esto constituye un claro quebrantamiento de lo dispuesto por el Artículo 104 de la Constitución Nacional que establece como únicos sujetos obligados a funcionarios y empleados públicos y, en general, a quienes perciban de manera permanente remuneraciones por parte del Estado. No hay pues correspondencia entre la Constitución Nacional y la ley que la reglamenta, no existe congruencia.

Si ya la Ley Nº 6355/19 se presenta como inconstitucional, la recientemente sancionada Ley N° 6558/20, obviamente y bajo ningún sentido podrá subsanar dicho error, salvo que se trate de una Derogación, que desafortunadamente no es el caso, aun cuando conviene que la opinión pública conozca que precisamente fue ese el origen el Proyecto de Modificación. Así es, originariamente en la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley pretendía la Abrogación de la Ley Nº 6355/19. Ahora todos sabemos cómo terminó.

La Ley Nº 6558 es nuevamente inconstitucional pues excede largamente las previsiones del Artículo 104 de la Constitución Nacional al equiparar a contratistas o concesionarios del Estado con funcionarios públicos. Por lo tanto, no se resuelve el problema de la inconstitucionalidad. Pero lo más grave es que excluye del tipo penal “Declaración Jurada Falsa” a las situaciones que se generen a partir de algún incumplimiento de la misma y, lo circunscribe expresamente al ámbito del derecho administrativo. Es decir, los sujetos de esta Ley no serán sancionados penalmente por una Declaración Jurada Falsa, pero el común de los ciudadanos estará expuesto a una pena privativa de libertad de hasta cinco años. Inconcebible.

Asimismo, si bien la Ley Nº 6558 eliminaría la obligación de accionistas o socios de personas jurídicas de presentar Declaraciones Juradas, faculta a la Contraloría General de la República a solicitar la misma en uso de sus facultades reglamentarias.

En consecuencia, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) solicita al Señor Presidente de la República Don Mario Abdo Benítez la Objeción Total de la Ley N° 6558 “QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 5033/2013 'QUE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS', Y SU MODIFICATORIA LEY Nº 6355/2019”. Al mismo tiempo, solicita al Congreso Nacional que, emitida la Objeción y en atención no solo a los argumentos jurídicos, sino que al clamor popular, acepte la Objeción y remita la Ley N° 6558 al Archivo, de dónde nunca deberá salir

                EL DIRECTORIO

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), ante los presuntos hechos de corrupción que han sido expuestos a la luz en medio de las acciones y restricciones, producto de la crisis desatada por la pandemia del COVID-19, manifiesta que toda reactivación económica requiere de la confianza en los tres Poderes del Estado, quienes deben transmitir con sus actuaciones a la ciudadanía y a los distintos actores económicos, la confianza necesaria, pues la verdadera reactivación se dará con la inversión y consumo de la ciudadanía, además de los agentes económicos.

Si el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no muestran compromiso serio en la lucha contra la corrupción y la impunidad, actuando firmemente en los casos sospechados y denunciados, separando de sus cargos, investigando, imputando y castigando a los eventuales responsables, no se estará transmitiendo la confianza necesaria para la reactivación, y se estará poniendo en riesgo la efectividad de las medidas anunciadas en el Plan del Poder Ejecutivo.

La CNCSP insta al Estado paraguayo a no implementar leyes y regulaciones que destruyan la institucionalidad del país, a no amenazar al proceso de la estabilidad política y previsibilidad económica que requiere la reactivación y el desarrollo económico y social.

Con relación al Instituto de Previsión Social (IPS) solicitamos mucha responsabilidad a las autoridades nacionales para no herir de muerte al Fondo de Pensiones y a los servicios de salud, que los trabajadores y empleadores pagan con sus legítimos ingresos.

Finalmente, para la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), es hora de avanzar firmemente en la reforma del sistema de seguridad social en Paraguay, donde los primeros pasos sean la separación de los servicios de salud y del Fondo de Pensiones del IPS, y la creación de la Caja Fiscal como entidad independiente del Ministerio de Hacienda.

                EL DIRECTORIO

Para la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) la pandemia requiere acciones innovadoras para sacar adelante al país y generar ocupación de mano de obra para el desarrollo económico y social de la ciudadanía.

Las Obras Públicas que puedan ser financiadas vía Alianza Público-Privada (APP) o a través del sector privado, deben ser una prioridad para el Gobierno, aprovechando la coyuntura de las tasas de interés que han disminuido a nivel internacional, como así también considerar que Paraguay es un país con tradición e imagen de estabilidad macroeconómica.

Es insuficiente el ritmo de inversión actual, y el déficit fiscal limita el aumento de las inversiones públicas. No podemos pretender continuar solamente por la vía de endeudamiento externo para desarrollar las Obras Públicas necesarias.

La Alianza Público-Privada (APP), permite que parte o todo el riesgo, lo asuman actores privados, y así descomprimir el presupuesto público de Obras, para que éste sea orientado a las obras de carácter social más sensibles o aquellas no viables vía APP.

La CNCSP insta a las autoridades a movilizarse y mirar la coyuntura actual como una oportunidad para desarrollar estas alianzas y así contar con un plan viable y sostenido de las tan necesarias Obras públicas.

Ernesto Figueredo Coronel

Presidente CNCSP